Al Edomex, toda la artillería de Estado

                       POR JESÚS CANTÚ. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Descarada y coordinadamente, las administraciones federal y estatal llevan a cabo diversas acciones políticas en su afán de retener el gobierno del Estado de México en las elecciones del próximo 4 de junio, entre ellas: visitas de funcionarios federales de primer nivel (secretarios y subsecretarios), siempre acompañados del gobernador o el titular de alguna de las carteras estatales; la intensificación de los programas sociales del gobierno del estado; el reparto de apoyos y tarjetas monedero y, desde luego, la promoción en los medios de comunicación de “historias que cuentan”.

La campaña se inició prácticamente en septiembre del año pasado e involucra a dos dependencias federales y al DIF estatal. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, registra desde finales de agosto de 2016 –publicó el diario Reforma–, diez visitas a dicha entidad para encabezar las llamadas “ferias de servicios”, en las cuales se distribuyen diversos apoyos. Y el entonces flamante titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, realizó giras de trabajo en la entidad el 9 y el 17 de noviembre para entregar despensas y vales electrónicos y anunciar la apertura de lecherías, promover la afiliación al Programa Prospera y entregar apoyos a beneficiarios del mismo.

El activismo de Miranda llamó la atención de los legisladores y en su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados, debió prometer que ya no visitaría el Estado de México.

Sin embargo lo relevaron los subsecretarios Eviel Pérez Magaña, de Desarrollo Social y Humano; y Javier García Bejos, de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, que en los primeros meses de este año han visitado repetidas ocasiones el Estado de México para entregar apoyos o promover acciones y programas e incluso anunciar que se instalarán ahí dos mil comedores comunitarios.

Al mismo tiempo, Isis Ávila, hija del gobernador y presidenta honoraria del DIF estatal, intensificó la realización de actos masivos donde, de acuerdo con la información ya citada del diario capitalino, entrega “tarjetas La Efectiva, con montos de 2 mil 750 a 3 mil pesos, a cambio de la copia de la credencial de elector”. Siempre según ese medio, entre septiembre del año pasado y febrero de este año, la hija del mandatario promedia ocho actos masivos al mes.

En paralelo el gobierno federal centró los promocionales que se difunden en los medios electrónicos en las obras y acciones que realiza o realizó en el Estado de México; los mismos terminan con la frase “en el Estado de México hay historias que cuentan” y, en algunos de ellos, incluso introducen algunos elementos del lema de campaña y de gobierno de Eruviel Ávila. “pensar y hacer en grande”, en boca de algunos de los personajes que participan en los mismos.

Tanto el presidente como el gobernador saben lo relevante que es para ellos y su partido ganar las elecciones en el Estado de México, pues un descalabro ahí prácticamente los condenaría a perder la Presidencia de la República el próximo año; en el caso de Eruviel Ávila, porque en automático se cancelaría su posibilidad de ser el abanderado tricolor; en el del presidente, porque sin los recursos y estructura que aporta el gobierno mexiquense, las probabilidades de que gane el PRI tenderían a cero.

Por ello no es sorprendente que utilicen todos los recursos a su alcance y aprovechen hasta el último momento la propaganda gubernamental para impactar a los votantes mexiquenses. Pero también hay que tener presente que esa entidad es considerada laboratorio de la elección nacional, porque el perfil de su población (edad, género, nivel socioeconómico, distribución rural-urbano, etc.) es muy similar al de todo el país, por lo cual normalmente se utiliza este proceso electoral para ensayar las estrategias y tácticas de campaña que se pueden usar en la campaña presidencial.

Hace seis años, en la elección de gobernador en julio de 2011, aparecieron los monederos electrónicos como una forma de obtener el voto de los mexiquenses, mecanismo que se usó también en la elección presidencial de 2012. Basta recordar el escándalo de las tarjetas Monex, que fue descubierto antes de los comicios; y posteriormente las tarjetas Soriana, cuando los mexiquenses se amontonaron en varias de las tiendas de esa cadena comercial para comprar sus despensas con el dinero que les habían depositado en las mismas. Lo novedoso de esa práctica de compra de votos es que el recurso no se lo depositaban al votante hasta que éste demostraba que había sufragado por el PRI, lo cual les permitía tener un control, que el manejo del dinero en efectivo no les brindaba.

Hasta el momento todavía no asoma una nueva práctica, pero lo orquestado e intenso de la operación, así como la importancia del resultado electoral y lo útil de la experimentación en campo de las nuevas prácticas de manipulación del voto, evidencian que tanto los gobiernos (federal y estatal) como los partidos políticos que forman la alianza que respalda al candidato tricolor utilizarán todos los recursos (legales e ilegales) para ganar la contienda.

Por lo pronto, es un hecho que la rigurosa vigilancia de la oposición sobre los programas y acciones gubernamentales no es suficiente para inhibir su abierta y descarada intervención en el proceso electoral.

La nueva estructura electoral (administrativa y jurisdiccional) ya no permite las viejas prácticas fraudulentas, pero todavía deja un margen de maniobra por la vía de la compra y coacción del voto, que es a lo que han recurrido en los últimos procesos electorales. Ciertamente es un margen muy estrecho, pero en elecciones altamente competidas puede ser suficiente para definir al ganador.

Los gobiernos federal y estatal están dispuestos a aprovecharlo al máximo, sin importar que con ello pongan en riesgo la validez de la elección, por lo que hay que estar muy atentos a este proceso electoral, especialmente porque de acuerdo con las encuestas, el ganador todavía no está definido.

Fuente: REVISTA PROCESO 16 MARZO, 2017

Mujeres indígenas: ampliar la mira

Magdalena Gómez

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En el caso de las mujeres indígenas, hasta hoy, no se da plena cuenta de la complejidad que entraña su pertenencia a un pueblo y la dimensión de género. En los últimos 20 años, las mujeres indígenas, inmersas en la dinámica del movimiento político de los pueblos indígenas, han construido nuevos espacios propicios para la reivindicación de demandas propias en tanto mujeres. Muchas de ellas son similares a las genéricas de toda mujer, pero otras cuestionan, desde dentro de sus pueblos, ciertas concepciones y prácticas avaladas por la llamada costumbre.

Buena muestra de este proceso es el documento que fue presentado ante el Congreso Nacional Indígena con motivo de su creación, en octubre de 1996. En primer lugar, se retomaron los espacios ganados durante la discusión en la mesa de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, por ello se anotó que en la mesa de San Andrés se reconoció el derecho de las mujeres y la necesidad de la paridad entre hombres y mujeres; sin embargo, no fueron consensuados los mecanismos para implementarlos y para hacer efectivo este derecho.

Se destacó que no hay duda de que la mujer indígena cumple un papel productivo y simbólico igual de importante que el hombre; sin embargo, por lo general las mujeres son excluidas de las decisiones públicas y tienen menos derechos que los hombres. Asimismo, se aclaró que las indígenas plantean sus demandas y reivindican sus derechos, no para ir contra su cultura o de su grupo, sino para pensar la costumbre desde una perspectiva que las incluya y no las violente. Al respecto, concluyeron: por eso decimos junto con otras hermanas indígenas organizadas que insistentemente abogan por cambiar la costumbre, que queremos abrir un camino nuevo para pensar la costumbre desde otra mirada, que no sea violatoria de nuestros derechos como personas y que nos dignifique y respete a las mujeres indígenas; queremos cambiar las costumbres siempre que no afecten nuestra dignidad. Insistieron en denunciar la triple opresión que viven las indígenas, por ser pobres, ser indígenas y ser mujeres.

Ya se vislumbraba la perspectiva de sus derechos políticos cuando respaldaron el reconocimiento de la autonomía para los pueblos indios, con garantía a las mujeres de paridad en todas las instancias de representación. Se sumaron al cuestionamiento a la contrarreforma del artículo 27 constitucional exigiendo se modifique para que las mujeres tengan derecho a la tierra, junto al derecho de todos los pueblos indígenas. Podemos apreciar en este documento de 1996 que las demandas se formularon de manera directa, aun cuando si se perfila una concepción al bordar sobre la interrelación entre su pertenencia a los pueblos indígenas y de alguna manera su reivindicación de participación en el proceso político con la situación que viven dentro de esas colectividades en tanto mujeres.

Hoy el movimiento de mujeres indígenas se ha ampliado y diversificado sus agendas. En relación con sus derechos políticos han participado algunas, muy pocas, en diputaciones federales y locales o en los municipios mediante los partidos políticos o en el caso de Oaxaca mediante la elección por usos y costumbres. Esas trayectorias individuales se suman a la agenda genérica de los partidos y buscan introducir alguna demanda propia. Un ejemplo de esta tendencia lo encontramos en el caso de Eufrosina Cruz, zapoteca, quien expresó: vayamos arrebatando más; lo que he entendido en mi experiencia es que si tú no arrebatas, pues no te va a llegar; hace falta sensibilidad en los espacios públicos en la toma de decisiones en todos los rubros, el rezago está en todos los sectores. ( Milenio, 5/3/17)

Este perfil de participación política electoral está emplazado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) con respaldo del EZLN, y marcará sin duda un viraje significativo, con la postulación de una mujer indígena como candidata independiente a la Presidencia de la República. Se trata de un cambio radical que será encabezado por una mujer indígena; es en sí mismo una acción afirmativa, que entraña una ruptura con la hegemonía patriarcal de las élites políticas. El otro elemento que constituye un auténtico parteaguas es que esta mujer indígena llevará consigo un programa anticapitalista, lo que marca una ruptura con el perfil de las agendas electorales en curso.

Desde esta óptica cobra sentido lo señalado por el CNI el pasado 1º de enero: “pretendemos sacudir la conciencia de la nación, que en efecto pretendemos que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales de 2018, pero que no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho…No nos confundan, no pretendemos competir con ellos, porque no somos lo mismo”.

Tal es el desafío.

Fuente: La Jornada (07 marzo de 2017)

La dádiva infame, negación de la democracia

La Jornada Zacatecas

¿Qué significa que los partidos políticos den regalos a la población? El obsequio es un acto que persigue una reciprocidad infame: pretende que la gente que recibe ese artículo (plancha, despensa o lo que sea) corresponda con su voto el día de las elecciones. El voto es el acto mediante el cual la persona ejerce de forma singular su libertad: decide quién tendrá el poder por un tiempo determinado. En suma, es un intercambio no sólo infame por la venta de su libertad, sino injusto, porque es intercambiar planchas a cambio del poder. ¿Y qué da el poder? Para empezar, el manejo y control de la renta pública. Y el poder, que tuvo su origen no en la dación del conjunto de voluntades libres, sino en la distribución de productos varios, es ilegítimo. Esos sujetos no son electos por la voluntad soberana del pueblo, sino por la vulgar compra de votos. Eso debe estar tipificado como corrupción política; por lo mismo, es la negación radical de la democracia.

En nuestro medio, estas prácticas se han convertido en cotidianas. Y es tal la frecuencia con que se realizan que las hemos normalizado. Los recursos usados para negar lo público del acto político son tan grandes que los partidos no ajustan con las sumas enormes que reciben por prerrogativas y están endeudados. Y cuando tienen el poder de un gobierno estatal o municipal, usan los recursos de estas instancias para reproducir su mando. Así, los partidos, considerados vehículos de la democracia, se encargan de disolverla. Y lo peor es que ello se observa en todos los colores y posiciones en la geometría política. En el Partido Revolucionario Institucional es legendaria, en el Partido Acción Nacional emergió con fuerza, y en las izquierdas la vemos hasta en sus procesos internos. Pero puede servir de marcador político: un candidato que ofrece dádivas será un gobernante corrupto. La clase política que toma ventaja de la pobreza y la necesidad de las personas para satisfacer su ambición de poder sólo puede tener un calificativo: infame.

Fuente: La Jornada (23 de marzo de 2017)

México S. A

Partidos asaltan a la nación

Voraces, van tras voto joven

Más sufragios = más recursos

Carlos Fernández-Vega

La exitosa democracia a la mexicana ha convertido a los partidos políticos en grandes empresas privadas de todos los colores, que obtienen pingües beneficios por medio del generoso cuan creciente financiamiento público por ellas obtenido (las aportaciones privadas se contabilizan por separado). Pero, voraces, tales conglomerados quieren una rebanada más grue$a y para lograrlo enfilan sus baterías para un cambio constitucional, para que la ciudadanía comience a partir de los 16 años, lo que en buen castellano significa un filón adicional cercano a 5 millones de potenciales votantes que impactarían positivamente en las chequeras partidarias.

Bajo la simple ecuación de que un mayor número de votos es igual a financiamiento público mucho más jugoso para las susodichas empresas, éstas se muestran “muy entusia$mada$” por la creciente participación de los jóvenes en la política nacional. Así, en el Congreso estarían cocinando modificar el artículo 34 constitucional con el fin de reducir la edad mínima necesaria para votar (de los 18 años actuales a 16), de tal suerte que desde ya se frotan las manos. Y el punto de partida –el laboratorio experimental– sería la Ciudad de México, aprovechando que en el horno está la Constitución local.

¿Tienen derecho los jóvenes de 16 años de participar políticamente? Sin duda, pero es verdaderamente perverso que los propios partidos políticos que los han ninguneado –como al resto de los mexicanos– y que de una u otra suerte les han cancelado todo tipo de derechos, ahora pretendan convertirse en sus adalides, en defensores de las causas juveniles que no entienden ni les importan, pero sí, y mucho, el financiamiento que obtengan por dicha acción.

Los ciudadanos son rehenes de los partidos políticos, porque no sólo financian (quiéranlo o no) todas las concertacesiones, moches, cochupos e ineficiencias, sino que si es voluntad de un ciudadano competir por un cargo de elección popular deberá hacerlo por medio de esas lucrativas empresas, quienes ahora van por el mercado de los 16 y 17 años que les podría aportar (al sistema de partidos) alrededor de 5 millones de sufragios, y cada uno de ellos vale mucho dinero.

En el contexto internacional México sobresale por el número de ninis (ni trabajan ni estudian) que sobreviven en precarias condiciones. El país acumula cerca de 8 millones de jóvenes que encuadran en ese concepto, y a lo largo de los años ningún partido político ha hecho el mínimo esfuerzo por corregir tan lamentable situación. De hecho, con su accionar sólo lo han empeorado.

Como se ha comentado en este espacio, los partidos políticos prácticamente no convencen a nadie; representan los intereses de sus respectivas cúpulas y no el de los ciudadanos; sus militantes son carne de cañón; cada día un menor número de electores acude a las urnas y es mayor el número de chanchullos; a sus candidatos les sobra voracidad y les faltan propuestas, y siempre juegan con las mismas fichas quemadas. Pero ahora, desacreditados a más no poder, se muestran muy preocupados por los jóvenes de 16 y 17 años, su nuevo objetivo clientelar y financiero.

La Jornada (Andrea Becerril) informa que ante legisladores, integrantes de la Asamblea Juventud Constituyente demandaron que en la Constitución de la Ciudad de México se avance en otorgar el voto a los 16 años, así como una mayor participación de los jóvenes en las decisiones políticas y de gobierno. Durante más de dos horas, los jóvenes dialogaron e intercambiaron puntos de vista con senadores que son también diputados constituyentes, a quienes pidieron reducir la brecha existente entre juventud y política.

Uno de los legisladores participantes en dicho encuentro reconoció que en México el sistema de partidos está colapsado, y el que él representa es muestra fehaciente de ello aunque, desde luego, no es el único. El siempre atento ojo de la Rayuela jornalera lo registró así: Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De otorgarles un derecho o de ensanchar el mercado de los votos?. De lo segundo, sin duda alguna, con su respectivo impacto en las chequeras partidarias.

Las citadas empresas privadas quieren más dinero público, y para ello pretenden reducir la edad para obtener ciudadanía y así poder ejercer el voto a partir de los 16 años. Y cada sufragio se traduce en más recursos del erario, que es lo único que les importa, porque han demostrado fehacientemente que los ciudadanos les importan un cacahuate, salvo la hora de $ufragar.

De 1997 a la fecha al sistema nacional de partidos políticos (algunos de ellos perdieron el registro; otros se incorporaron: los partidos locales se cotizan aparte) se canalizaron alrededor de 75 mil millones de pesos por concepto de financiamiento público. De ese monto de recursos públicos, cerca de 62 por ciento (46 mil 500 millones) se quedó en manos de tres empresas privadas: PRI, PAN y PRD. El resto (que no es poco: 28 mil 500 millones) se distribuyó entre las empresitas participantes.

En esos 20 años, oficialmente el Revolucionario Inc. se quedó con alrededor de 19 mil millones de pesos; el igual de católico que de tranza Acción Nacional con cerca de 17 mil millones, y el Chucho’s Limited con 10 mil 500 millones. A la familia González nada mal le ha ido con su marca PVEM, que acumula unos 5 mil millones, al igual que a la franquicia PT, con 4 mil 200, o a la familia Delgado, con su MC, con 3 mil 500 millones. Con todo y que la abeja reina permanece en Tepepan, a la chequera del Panal le han depositado 3 mil millones, más o menos, y a los dos de nuevo registro (Morena y Encuentro Social) 900 y 620 millones, respectivamente.

Si se considera a las supuestas autoridades electorales y a las empresas citadas, en los primeros tres lustros del nuevo siglo el sistema se engulló alrededor de 215 mil millones de pesos, y quieren más. ¿Los resultados que registran valen la catarata de recursos que (a disgusto de) los ciudadanos les aportan? Ni lejanamente, pero quieren más, porque su voracidad no tiene límite. Agárrense los de 14-15 años, que están en la lista de los voraces.

Las rebanadas del pastel

Con meros trucos contables y trucos de mago chafa, los diputados decidieron jugar con fuego: incrementaron el presupuesto de egresos 2017, aunque la capacidad real es inexistente. ¿De dónde saldrá el dinero real, contante y sonante? También llevaron la deuda pública a nivel aún mayor y liberan el precio de la gasolina. Todo, como si el horno estuviera para bollos.

Fuente: La jornada 

EPN: calificativos a granel

Mexicanos irresponsables

Tres décadas de amnesia

Carlos Fernández-Vega

De plano los mexicanos no tienen remedio: no sólo mataron a la gallina de los huevos de oro, sino son amnésicos, irresponsables, desconocedores de la realidad, le apuestan al aplauso fácil, carecen de decisión, visión y no les importan las consecuencias, por decir lo menos. Ni siquiera cuentan con las neuronas mínimas necesarias para registrar al enorme estadista que mantienen en Los Pinos, pues 90 por ciento de habitantes de esta República de discursos desaprueban a Enrique Peña Nieto y consideran que su gobierno es un desastre. Y, en el colmo, nunca reconocen los enormes beneficios que las reformas y la modernización les han generado a lo largo de los últimos 35 años. ¡Qué horror!

Cabe recordar que ese rosario de calificativos –obviamente dirigidos a los mexicanos– fue aportado el sábado pasado por el inquilino de Los Pinos durante un faraónico acto oficial en Ciudad del Carmen, Campeche, al cual los organizadores (ocurrentes que son) jocosamente etiquetaron como conmemoración del 79 aniversario de la expropiación petrolera, en referencia a la decisión del general Lázaro Cárdenas, en 1938, de retomar la riqueza petrolera a la nación hasta entonces usufructuada por los vampiros trasnacionales, es decir, los mimos a los que casi ocho décadas después el estadista Peña Nieto se la regresa.

Por cierto, en el sabatino discurso peñanietista el nombre de la Esfinge de Jiquilpan fue citado una sola vez: Fue el 18 de marzo de 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión valiente y visionaria, que permitió a México extraer su riqueza petrolera y ponerla al servicio de los mexicanos. ¡Listo!, protocolo cumplido y a otra cosa, como el azucarado piropo presidencial al lacra de Carlos Romero Deschamps (clara muestra de reforma y modernidad).

Pero, bueno, ese tipo de calificativos, más o menos, los han disparado los seis fantásticos inquilinos de Los Pinos de la era neoliberal, quienes –cada cual en su momento– llegaron a la verdad suprema: los mexicanos son unos pendejos que no entienden ni reconocen nada, comenzando por los múltiples beneficios que a ellos, y sólo a ellos, les han otorgado reformas y modernizaciones por doquier.

Y son tantos los beneficios que los mexicanos acumulan, que alrededor de 10 por ciento de la población actual se vio en la penosa necesidad de emigrar al vecino del norte (el de los amigos y socios) en busca de la vida, porque aquí, en su tierra, de plano se negaron a ver y hacer efectivas las enormes oportunidades que reformas y modernizaciones les brindaban. Al mismo tiempo, 63 millones de mexicanos se aferran a un nivel de bienestar nada ortodoxo, pues caprichosamente se mantienen en la pobreza, mientras millones más sobreviven en la informalidad con salarios de hambre y se retuercen de envidia al constatar que sólo 10 megaempresarios fabricados por el sistema concentran 15 por ciento del producto interno bruto.

¡Qué falta de visión, nobleza y reconocimiento de los mexicanos! No cabe duda de que la mexicanada no puede superar su grave problema de percepción (Calderón dixit), siempre dicen que “no traen cash” (Zedillo dixit), sostienen que el progreso nacional es un mito genial (Pedro Aspe dixit) y, por lo mismo, no aplauden (EPN dixit). En fin, se instalaron en que todo es política ficción (Salinas de Gortari dixit) y de allí no los mueven. Y, como esas, un millón de sandeces.

En la referida conmemoración, Peña Nieto aseguró que en materia petrolera “nuestro país necesitaba socios para aplicar tecnología de punta y seguir las mejores prácticas internacionales; para compartir costos y riesgos, para sumar esfuerzos y recursos. Y esto es todavía más necesario cuando se trata de explorar y extraer petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. Tan sólo un proyecto de este tipo puede requerir inversiones de más de 5 mil millones de dólares. Esta cifra, para dimensionarla, representa cinco veces el presupuesto anual del estado de Campeche… Por ello, México necesitaba enfrentar con decisión y visión los desafíos energéticos del siglo XXI, tal como lo hizo nuestro país hace 79 años con la expropiación petrolera”.

Es bueno saberlo: 5 mil millones de dólares (alrededor de 100 mil millones de pesos al tipo de cambio actual) para desenterrar el tesorito petrolero (Calderón dixit), y ese monto debe venir de empresas trasnacionales por la simple razón de que aquí no hay con qué. 

Pero los mexicanos, que además de pendejos son soberbios, reclaman: en los sexenios panistas (Fox y Calderón) se registraron ingresos petroleros excedentes superiores a 700 mil millones de pesos, y ese par de lacras blanquiazules se los quemaron íntegramente en gasto corriente y corruptelas, con la complacencia del Congreso. Es decir, el erario obtuvo todo el ingreso por crudo que año tras año se presupuestó, y entraron 700 mil millones adicionales. Dinero, pues, sí hubo para invertir en y desarrollar el tesorito enterrado. Pero de eso no entienden los amnésicos e irresponsables habitantes de esta República de discursos.

Por cortesía gubernamental, el erario ha destinado más de 700 mil millones de pesos al rescate bancario, y aún se deben alrededor de 900 mil millones, mientras la banca rescatada que opera en el país –mayoritariamente de capital foráneo– se ha embolsado cerca de un billón de pesos en utilidades netas, mientras las operaciones de compraventa de las instituciones se concretaron libres de impuestos. Por ejemplo, sólo por la de Banamex a Citibank los vendedores debieron pagar alrededor de 4 mil 500 millones de dólares por impuestos (alrededor de 90 mil millones de pesos actuales); ese monto alcanzaba para desenterrar el tesorito petrolero en aguas profundas.

También, para el rescate carretero, de las arcas nacionales han salido cerca de 150 mil millones de pesos (7 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio actual), y aun se adeudan 215 mil millones. Con ese dinero el tesorito habría sido desenterrado con dineros propios, con recursos de la nación. Pero no. En la mayoría de los casos, a los concesionarios rescatados les regresaron las carreteras rescatadas y les otorgaron más concesiones, pero a los mexicanos pendejos les pasaron la deuda, como la del rescate bancario y un sinfín más.

Entonces, ¿así o más amnésicos?

Las rebanadas del pastel

Moraleja: en efecto, algo grave sucede con los mexicanos, pues acumulan 35 años permitiendo que el mismo grupo de bandidos los desvalije y les reduzca su nivel de bienestar. Y por si fuera poco, todavía los pendejea.

Fuente: La Jornada 21 de marzo de 2017.

La debilidad de Peña Nieto

Carlos Martínez García

Cada una de las piezas del empedrado hacia su propio infierno han sido labradas por él. La debilidad política de Enrique Peña Nieto es pronunciada. Ningún otro presidente de la República en su quinto año de gobierno llegó a los niveles de impopularidad y de rechazo entre la ciudadanía como los que se ha ganado el actual ocupante de Los Pinos.

Tras el estrepitoso fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia del país, Peña Nieto se presentó ante el electorado como fruto de la renovación generacional en el PRI. Él y sus ideólogos usufructuaron la idea de que los priístas habían aprendido de sus errores, por tanto, después de dos sexenios de gobiernos panistas regresarían al poder inflamados de novedosas ideas y planes para transformar a México.

Los operadores políticos de Peña Nieto trabajaron arduamente para que al asumir él la Presidencia del país fuese posible anunciar de inmediato una coalición de fuerzas que reformarían rubros torales de la vida nacional. Fue así como al otro día de haber rendido protesta como presidente Enrique Peña firmó junto con los dirigentes de PAN, PRI y PRD (otros partidos se agregaron después) el Pacto por México. Más tarde los acuerdos básicos del documento se desglosaron en distintas reformas, como la energética y la educativa. Con tales reformas, anunció la Presidencia de la República, la nación mexicana estaba sentando bases para dar un golpe de timón que nos llevaría hacia horizontes de creciente prosperidad.

Poco después de haber cumplido un año en la Presidencia todo era júbilo en el equipo peñanietista. Su proyecto parecía ir avanzando y era percibido muy exitoso en la comunidad global de negocios. En febrero de 2014 la revista Time publicó en la portada una fotografía de Peña Nieto, acompañada de la frase “ Saving Mexico”, y agregaba que el personaje y sus reformas estaban cambiando la narrativa de un país marcado por el narco.

Desde un principio del Pacto por México y de las reformas legislativas que le siguieron, se manifestaron en contra diversos grupos. Desde sectores políticos que coincidieron en aprobar el paquete de reformas y en espacios preocupados por crear consenso en su favor entre la opinión pública, fueron denostados los opositores y se les presentó como defensores de arcaísmos que frenaban el pleno desarrollo del país. No parecía entonces que hubiese en el frente forma de parar la nueva maquinaria priísta y su fiebre reformadora.

La prensa que no se conformó con los optimistas boletines prohijados en las oficinas gubernamentales, sino que hurgó tras las bambalinas del poder, fue documentando que lo del nuevo PRI solamente era un lema hueco y sin sustento real. Las prácticas corruptas de los pretendidos nuevos priístas fueron exhibidas, demostrándose que la clase política del partido tricolor seguía medrando el presupuesto público y/o valiéndose de tráfico de influencias para hacerse de grandes prebendas.

El PRI no cambió, continuó con sus bien sabidas prácticas de usar en su favor los bienes públicos. Pero la sociedad sí se transformó; sectores de ella supieron apropiarse de información que alguna prensa y las redes sociales pusieron al descubierto sobre las corruptelas de conspicuos integrantes de la alta clase política. El descubrimiento de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, y la supuesta adquisición de la misma por su esposa, dispararon las suspicacias públicas acerca de que en el asunto hubo tráfico de influencias y conflicto de intereses. Grupo HIGA, constructora de la propiedad (cuyo valor es de 7 millones de dólares), se benefició de jugosos contratos en los años que Peña Nieto fue gobernador del estado de México y sus primeros dos como presidente de la República. La documentación presentada por el equipo periodístico encabezado por Carmen Aristegui fue devastadora para la pareja presidencial, ya que reveló cómo logró hacerse de beneficios al amparo del poder (http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/).

Desde que se hizo público el reportaje sobre la Casa Blanca (noviembre de 2014), el sector de la prensa preocupada por servir a la sociedad civil documentó abusos y corrupción del priísmo realmente existente, por ejemplo de los gobernadores César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz), David Korenfeld (ex director de la Comisión Nacional del Agua) y Carlos Romero Deschamps, enriquecido líder petrolero. Cabe aclarar que la corrupción ha hecho metástasis en los otros dos grandes partidos políticos, PAN y PRD, aunque no nada más en ellos.

Enrique Peña Nieto llega debilitado por sí mismo en un momento crucial para el país, cuando los planes de Donald Trump incluyen deportaciones masivas de mexicanos. La desconfianza de la ciudadanía en el gobierno peñanietista merma la capacidad de éste para hacerle frente a las pretensiones de quien ocupa la otra Casa Blanca, la de Washington. La capacidad de maniobra para Enrique Peña Nieto ha sido acotada no tanto por sus adversarios, que los tiene y en muy diversos frentes, sino principalmente por el fondo y la forma de un estilo personal priísta de gobernar del que no pudo, o no quiso, deshacerse.

La Jornada, miércoles 1 de marzo de 2017.

El mito de la caverna

México SA

Deuda incontenible

Peña Nieto incumple

Gasolina y cara dura

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Pese a las advertencias de los organismos financieros (como el FMI) y las calificadoras internacionales (que han degradado la nota de la deuda mexicana), amén de la supuesta austeridad y la promesa (incumplida, desde luego) del gobierno de Peña Nieto, el saldo de la deuda creció a paso agigantado hasta rozar la cota de los 10 billones de pesos.

Así, en el transcurso de 2016, el año en que el débito público no aumentará(versión oficial), el gobierno peñanietista contrató deuda a razón diaria, en promedio, de 4 mil 200 millones de pesos, o si se prefiere, 175 millones por hora o casi 3 millones por minuto.

En sus cuarenta y nueve meses (hasta diciembre de 2016) de estadía en Los Pinos, Peña Nieto y Luis Videgaray incrementaron 67 por ciento el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP, el indicador de lo que se adeuda), es decir, casi 4 billones de pesos. Y todas las cifras que se anotan no las aportó el energúmeno de Trump, sino la mismísima Secretaría de Hacienda (Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre de 2016).

Como parte del citado saldo histórico aparecen dos rescates del siglo pasado, ambos cortesía de Ernesto Zedillo: el bancario (Fobaproa-Ipab) y el carretero (Farac). Los mexicanos acumulan 22 y 20 años, respectivamente, pagando por esos voluminosos fardos y a pesar de ello su saldo crece y crece.

Cuando Peña Nieto se instaló en la residencia oficial el saldo del Fobaproa-Ipab ascendía a 827 mil 762.2 millones de pesos; cuatro años después, y sin dejar de pagar un solo día, asciende a 892 mil 184 millones, es decir, casi 65 mil millones más, todo, desde luego, con carga a los mexicanos.

Lo mismo sucede con el Farac (sin olvidar que un buen número de las carreteras rescatadas por el erario fueron devueltas a los empresarios rescatados). En diciembre de 2012 el saldo reconocido ascendía a 141 mil 379 millones de pesos, y al cierre de diciembre de 2016 llegó a 215 mil 269 millones; es decir, un incremento cercano a 74 mil millones, y en ningún momento los mexicanos han dejado de pagar ambos rescates.

A estas alturas, y gracias a las maravillosas habilidades gubernamentales, la deuda pública supera 50 por ciento del producto interno bruto. Lo mejor de todo es que el compromiso fue no endeudar más al país.

Y tan creíble resultó el citado compromiso como el actual pronunciamiento de los partidos políticos contra el megagasolinazo, del cual sabían desde que aprobaron la Ley de Ingresos correspondiente a 2017. Cercano ya el segundo aumento a los precios de los combustibles (3 de febrero), ahora todas las empresas políticas conocidas como partidos se rasgan las vestiduras y con todo cinismo exhortan a la Secretaría de Hacienda a que no autorice el alza, mientras el titular de ésta dice que intenta suavizar el martillazo.

Cómo olvidar al dirigente tricolor Enrique Ochoa Reza, quien en diciembre pasado y enero del presente año un día sí y el siguiente también justificó el megagasolinazo decretado por Hacienda, mientras hacía circo, maroma y teatro para que alguno de sus correligionarios le hiciera eco. El susodicho decía que el gobierno actuó de manera responsable al eliminar el precio artificial de los combustibles, pues de no hacerlo se habría tenido que hacer un recorte al gasto público por 200 millones de pesos.

Pues bien, ahora (ya debidamente instruido por sus jefes) el mismo personaje exhorta a la Secretaría de Hacienda a que “busque las mejores condiciones de solución para que en febrero, ante la condición actual del precio del petróleo y el tipo de cambio, no aumente el precio de los combustibles… Exijamos las mejores políticas públicas para que tengamos precios de combustibles justos”. Ajá, pero ¿dónde quedó aquello de actuó de manera responsable al eliminar el precio artificial? ¿Y los (supuestos) 200 mil millones de recorte?

Pero el cinismo no es exclusivo de Ochoa Reza. Por la misma pasarela han transitado todos los partidos políticos y sus supuestos líderes; es decir, los mismos que desde el inicio mismo del sexenio peñanietista, vía Pacto por México, avalaron las barbaridades que el gobierno ha venido haciendo. Pero ahora todos hacen como que se persignan, cuando todos ellos aprobaron el megagasolinazo y ahora piden sensibilidad al directamente responsable de abrir la jaula al tigre.

En el sexenio calderonista el Partido Acción Nacional no dejó pasar día para avalar y aplaudir la política de gasolinazos mensuales, y cuando era criticado los rabiosos panuchos se rompían las vestiduras para que su patrón lo notara y les aventara croquetas, mientras que en ese entonces el PRI y sus jilgueros denunciaba la perversidad del entonces inquilino de Los Pinos. Ahora se intercambian los disfraces, y son los panistas los quejosos y los tricolores los que defienden la plaza con todo y matraca.

Pero si de compromisos se trata, allí el del futuro promisorio y el crecimiento económico a una tasa de 5 por ciento, ambos hechos públicos por la pareja presidencial (EPN-Videgaray). El primero se fue al caño desde el arranque mismo del sexenio, y el segundo lo trasladan al siguiente gobierno, porque en este nada de nada (si bien va, 1.9 por ciento como promedio anual).

Ayer, La Jornada lo registró así: en el periodo octubre-diciembre de 2016 la actividad económica se incrementó 0.6 por ciento respecto de julio-septiembre, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Inegi al presentar los resultados de la Estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) trimestral. En su comparación anual, se registró un aumento de 2.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 con relación a igual periodo de 2015.

Las rebanadas del pastel

Entonces, a sacar la calculadora para sumar los compromisos incumplidos, mientras el notario que los firmó también está prófugo… Cierre del primer mes del año: dólar a 21.20 micropesitos y barril petrolero de exportación a 45.18 billetes verdes.

Fuente: La Jornada 01 de Febrero de 2017